Los internos de las penitenciarias podrán estar privados de su libertad, pero conversan otros derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley General Penitenciaria, los cuales les permiten su posterior reinserción social. Para ello, el centro penitenciario a cargo debe ofrecer talleres para la reinserción, rehabilitación y reeducación del interno; sin embargo, las vacantes de estos talleres son muy limitadas y no alcanza a la gran mayoría de la población interna.
Actualmente, un interno que ha cumplido sentencia tiene dificultades para reincorporarse a la sociedad, pues la patología de conducta social es rechazar a toda persona que cuente con antecedentes penales.
Ante esta realidad, en la Universidad Autónoma del Perú se realizó una investigación con el objetivo de evaluar si se cumple la finalidad de la pena con respecto al proceso de reinserción laboral, llegando a la conclusión de que las oportunidades laborales son mínimas para las personas que han cometido un delito, lo que trae como consecuencia el crecimiento del mercado informal y la delincuencia.
Por lo general estas personas tienen un promedio de edad entre los 38 a 55 años al momento de salir del centro penitenciario, no habiendo en su mayoría recibido los talleres que ofrece el INPE, dado que están diseñados solo para 30 personas. Al ser reintegrados a la sociedad, existen pocas probabilidades que sean contratados por causa de sus antecedentes penales. Por ello, el gobierno debe actuar para que no se les restrinja la oportunidad de optar por un puesto laboral, ya que a veces la misma sociedad influye a que los ex internos vuelvan a delinquir producto del escaso empleo.
Enlace: http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/1005
